La Corte Suprema de Justicia negó este jueves un recurso de emergencia solicitado por el gobierno de Joe Biden para restablecer de inmediato la política de prioridades de deportación mientras revisa la totalidad de un proceso en el que dos cortes de apelaciones distaron fallos contrarios.
Sin embargo, el máximo tribunal de justicia dijo que escuchará los méritos del caso en diciembre, cuando celebre una audiencia para que los abogados de ambas partes en el proceso presenten sus argumentos orales.
En el fallo (5-4) participó por primera vez la magistrada Ketanji Brown Jackson, quien junto con los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett habrían accedido a la solicitud de la Administración Biden de suspender un fallo emitido por una corte federal de distrito de Texas que dejó sin efecto la política migratoria del mandatario en cuanto a las prioridades de expulsión, dijo el diario The Washington Post.
En su cuenta de la red social Twitter, el sitio Scotusblog dijo que el tribuinal «ha negado la solicitud de la administración de Biden para permitirle implementar su política de aplicación de la ley de inmigración mientras continúa el litigio, PERO acepta escuchar el caso en diciembre, sin esperar a que el tribunal inferior intervenga».
La semana pasada, el gobierno presentó un recurso de emergencia ante el máximo tribunal para dejar sin efecto el fallo de una corte federal de Distrito de Texas que, en junio, frenó las prioridades de deportación de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
El paso fue dado tras dos sentencias distintas emitidas por las cortes de Apelaciones del 5º y 6º circuito, decisiones que generaron una contradicción sobre el tema.
El recurso legal tenía como objetivo dejar sin efecto el dictamen pronunciado por el juez federal Drew Tipton, de la corte federal de Distrito del Sur de Texas, que el pasado 10 de junio anuló las prioridades de expulsión enfocadas en aquellos extranjeros con antecedentes criminales que constituyen una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
Los demandantes, los estados de Texas y Louisiana, ambos gobernados por republicanos, alegan que la política de deportaciones del DHS anunciada a finales de septiembre del 2021 violó la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)
La decisión de la Corte Suprema de mantener vigente la orden de Texas de suspender las prioridades de deportación de Biden mientras revisará el caso en diciembre, “es un duro golpe para la Casa Blanca y la política migratoria del presidente porque no se podrán establecer prioridades al momento de proceder con la expulsión de un extranjero”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“Ahora tenemos que ver cómo responderá el gobierno, a través de las agencias bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de qué manera va a implementar los casos de deportaciones”, agregó.
“Quitando el memorando del secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, del año pasado donde se establecieron las prioridades, hemos vuelto a la posición anterior, donde las personas que están fuera de estatus o tienen una orden de deportación, en este momento corren el peligro o existe el chance que sean deportados”, advirtió.
Guerrero dijo además que “no debería haber discrecionalidad. Las personas con orden de deportación o sin estatus legal de permanencia, antes de dar cualquier paso deben buscar asesoría legal y ver qué recursos legales disponibles puede utilizar en cado caso de verse en peligro de deportación de Estados Unidos”.
En el escrito enviado la semana pasada a la Corte Suprema para tratar de detener la orden de Texas, el DHS, la Oficina de Inmigración y Aduanas -ICE-, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo -CBP- y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración -USCIS- pidieron al tribunal superior que “suspenda” la sentencia del 10 de junio contra las prioridades de deportación “pendiente de la consideración y disposición de la apelación del gobierno ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito” y de cualquier otro procedimiento legal disponible.
El recurso, además, señaló que el memorando de septiembre de 2021 firmado por el secretario Mayorkas, y que estipula las prioridades de actuación de ese ministerio, “se han basado durante mucho tiempo en dicha orientación para armonizar sus esfuerzos y enfocar sus recursos limitados”.
En la Guía en cuestión, Mayorkas “identificó como prioridades para aprehensión y remoción (deportación) de no ciudadanos que amenazan la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, agregó.
El esfuerzo del gobiernp, sin embargo, fue desestimado por la mayoría de los jueces de la Corte Suprema.
El 5 de julio, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito falló a favor de las prioridades de deportación del gobierno, permitiendo que el DHS se enfoque en aquellos extranjeros que han cometido delitos graves.
El dictamen fue en respuesta a una apelación entablada por los estados de Arizona, Ohio y Montana, quienes en marzo argumentaron que la implementación de las prioridades provocaría un aumento de la delincuencia y supondría una carga para los recursos de las fuerzas del orden público.
Los demandantes ganaron el caso a nivel de distrito en una corte de Ohio, pero un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito dejó sin efecto la sentencia por medio de un fallo preliminar.
En una segunda sentencia, reafirmaron que el gobierno puede implementar las prioridades estipuladas en el memorando emitido por Mayorkas el año pasado.
Pero la orden no pudo ser implementada hasta que no se conociera la decisión de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, a la que acudió en gobierno tras un fallo emitido, en una segunda demanda, esta vez entablada por Texas y Luisiana.
Un día después, el 6 de julio, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, con sede en Nueva Orleans, negó un recurso interpuesto por el gobierno para anular un fallo emitido el 10 de junio por una corte de distrito del Sur de Texas, que dejó sin efecto las prioridades de deportación de ICE.
En una sentencia de 32 páginas, un panel del tribunal con sede en Nueva Orleans dijo que “negaba” la petición hecha por el gobierno a través del DHS, y que por tanto el gobierno está obligado por ley a expulsar a extranjeros con orden de deportación y con antecedentes criminales a toda prisa.
En la sentencia del 10 de junio el juez federal Drew Tipton escribió que “el Poder Ejecutivo puede priorizar sus recursos. Pero debe hacerlo dentro de los límites establecidos por el Congreso”.
“Usando las palabras ‘discreción’ y ‘priorización’, el Poder Ejecutivo reclama la facultad de suspender los mandatos estatutarios. La ley no sanciona este enfoque», agregó.
La sentencia, contraria a la emitida un día antes por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito no solo mantuvo vigente la restricción a nivel nacional, sino que abrió la puerta para que el gobierno acuda a la Corte Suprema en busca de un freno a través de un recurso de emergencia.
Cuáles son las prioridades de deportación de ICE
De acuerdo con el menorando del secretario Mayorkas emitido a finales de septiembre, las prioridades de deportación de ICE son las siguientes:
En enero el DHS anunció, con efecto inmediato, cuatro categorías de prioridades de deportación, siendo estas:
Fuente principal: https://www.univision.com/noticias/inmigracion/corte-suprema-dice-que-biden-no-puede-por-ahora-restablecer-prioridades-deportacion